En la región de Atacama hay 33 niños en 5 residencias de protección que podrían acogerse a este plan.

 El Plan de Acción propuesto se sustenta en las Directrices de Cuidados Alternativos de Naciones Unidas (2009) que contemplan el desarrollo de orientaciones específicas para la promoción del cuidado parental; prevención de la separación de la familia y promoción de la reintegración familiar, además de establecer orientaciones para las agencias y centros encargados del acogimiento formal.

Dar a conocer el Plan Nacional sobre El Derecho a Vivir en Familia, fue el tema principal de la reunión que encabezaron la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela Ortiz y el Intendente de la región de Atacama, Miguel Vargas con el fin de priorizar mecanismos de cuidados alternativos a residencias y hogares.

En la convocatoria participaron representantes de todas las instituciones y servicios relacionados con la infancia en la región, a fin de avanzar en la tarea que asumió el Consejo Nacional de elaborar un Plan de Acción Intersectorial por un período de tres años, que permita la transición de un modelo de protección de base residencial hacia un modelo de base familiar y comunitaria, constituyéndose como una acción prioritaria en el contexto del  rediseño de la protección especial para niños, niñas y adolescentes.

El Intendente de Atacama, Miguel Vargas, sostuvo que “el Gobierno de nuestra Presidenta Bachelet tiene un compromiso profundo con la protección de los derechos de los niños y las niñas, sobre todo de los más vulnerables y este Plan por el Derecho de Vivir en Familia, es un paso más que damos en esta dirección. Atacama es la cuarta región que se incorpora en el marco de este Plan intersectorial y hemos iniciado ya un trabajo con la visita de la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, dando a conocer las directrices principales de este plan.

“Para esta iniciativa tenga éxito consideramos clave que los servicios actúen de manera coordinada, ya que el objetivo principal es el niño o la niña, su entorno, su familia y el barrio, por lo tanto, cada programa de nuestro Gobierno debe estar a disposición para lograr buenos resultados con este plan”, argumentó la máxima autoridad regional.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, expresó su satisfacción por ver los avances que ha renido la región después del 25M, y precisó que “en esta región, uno ve cómo la ciudadanía se ha hecho cargo de retomar los colores y las áreas verdes por nombrar algunos ejemplos. Estoy impresionada por eso”.

“Hoy estamos enfrentando un desafío enorme y que se está concretando con este programa. La idea es que no exista ningún niño menor de tres años institucionalizado en ningún hogar del Sename, porque cuando un niño llega a este lugar, para nosotros significa que hemos fallado. Lo que estamos haciendo es enfrentar de manera intersectorial la problema que vemos cuando un niño o niña deja su hogar. Acompañar a los niños en familia y por más de dos años es el objetivo que nos ayuda a restituir los problemas que significaron algún tipo de vulneración de derechos, que significo la separación con el menor. Durante dos años existirá terapi para establecer nuevamente ese vínculo con su padre, madre o familiar cercano y de no ser así, la opción es trabajar con una familia de acogida, una familia que quiera amar,, cuidar y proteger a un niño o niña. Esta es una tarea país y debemos decir, este niño podría ser mi hijo, por lo tanto tengo es una responsabilidad, sobre todo cuando hablamos acerca de los derechos de nuestros hijos e hijas. Estamos apostando por una sociedad que se hace cargo de un niño o niña, para que pueda ejercer sus derechos”, explicó Estela Ortiz.

El plan se concretará en octubre con personal calificado y capacitado, con el objetivo de responder a un alto nivel de estándares que exige un programa de este tipo. Se hizo un análisis de la situación de los 33 niños que están en este momento internados en la región, no sólo en Copiapó, sino también en Chañaral, Vallenar y Freirina, y ya se están tomando las primeras medidas. Se vio por ejemplo que aquí el 50 % de los niños están asistiendo a jardines infantiles.

Marcia Quezada Coordinadora regional del consejo nacional de la infancia en Atacama, detalló que “en esta reunión analizamos la posibilidad de explicar al conjunto de los servicios presentes el Plan por el Derecho de Vivir en Familia, cuyo resultado principal tiene que ver con un trabajo intersectorial para desinternar a niños y niñas de las residencias de protección. En el caso particular de Atacama tenemos que trabajar en la intervención de 33 niños y niñas. Llevaremos adelante un trabajo social que nos permita desde el estado atender las necesidades de cada familia. También es importante señalar que este plan tiene como objetivo actualizar y promover prácticas nuevas que se den en las residencias de protección, para avanzar hacia una cultura que vele por el respeto de los niños y las niñas”.

En tanto, la Directora Regional del SENAME, Anamaría Aguirre, detalló que el año 2014, 57% de los niños/as de 0 a 3 años que estaban en el sistema de cuidados alternativos, se encontraba internado en alguna residencia de protección. En nuestro país los cuidados alternativos para niños y niñas carentes de cuidado parental han tendido a privilegiar por décadas el sistema residencial, ello a pesar de la evidencia científica sobre el impacto negativo que esta situación genera en su desarrollo y también en sus derechos”.

En Chile predomina una cultura de internación de niños y niñas vulnerados en sus derechos, la que implica la separación y el desarraigo de su contexto familiar y comunitario de origen. Lo que hoy existe en nuestro país son dos ofertas programáticas (residencias de protección y programas de familias de acogida) que no están articuladas y que siguen siendo ineficientes en el cuidado y la protección de los derechos de los niños. De las 14.101 plazas disponibles el 70% corresponden a plazas de residencias de protección, mientras que el 30% restante son plazas para familias de acogida. Si vemos las cifras según el número de programas existentes, hay 264 residencias de protección a nivel nacional, mientras que sólo 66 programas de familias de acogida.