La iniciativa, que forma parte del Acuerdo por la Protección Social y la Recuperación del Empleo, extiende el beneficio a hasta $100 mil por persona. Así, una familia con cuatro integrantes tendrá un ingreso asegurado de $400 mil.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó este martes el proyecto de ley que amplía el Ingreso Familiar de Emergencia con más recursos para más familias de todo Chile.

El programa, parte del acuerdo transversal promovido por el Presidente por la protección social y la recuperación del empleo, cambia su diseño para actuar como un complemento a los ingresos actuales del grupo familiar. Esto abarca tanto a hogares que no tienen ingresos formales como a los que tienen algunos ingresos formales e incluye a familias con otros beneficios como la ley de protección del empleo, el seguro de cesantía, el apoyo a trabajadores independientes y a las personas que cobran pensiones contributivas y no contributivas.

Mediante videoconferencia el Subsecretario Francisco Moreno, junto al Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, expusieron los detalles del Plan de Emergencia por la Protección y Reactivación Económica a representantes de organizaciones civiles y vecinos.

Al respecto, el Subsecretario Moreno dijo que “Como Ministerio de Hacienda estamos muy contentos por este acuerdo nacional que es un Plan de Emergencia que pretende fortalecer y proteger los ingresos de las familias y reactivar económicamente nuestro país. El Ingreso Familiar de Emergencia forma parte de este acuerdo, y funciona básicamente como un complemento a los ingresos formales de las familias, para garantizar un monto mínimo, para que cada familia finalmente del 80% más vulnerable de nuestro país reciba y tenga un apoyo que vaya directamente en recursos para hacer frente a las obligaciones diarias que cualquier familia tiene”.

En tanto, el Intendente Urquieta, manifestó “para nosotros este acuerdo es una noticia muy importante porque va a permitir que podamos proteger los ingresos de las familias, proteger los empleos, darle más dinamismo a la economía, y hacerlo en un marco de responsabilidad fiscal para poder apoyar a las familias más vulnerables en tiempos difíciles. El Presidente Piñera anunció algunas medidas que están contempladas en este Plan Económico, que forman parte de los esfuerzos que se han venido desarrollando hasta la fecha, y que se integran primero, con el Bono Covid19, la Ley de Protección del Empleo, el Ingreso Familiar de Emergencia y el Ingreso Mínimo Garantizado, y además hoy el Presidente firmó el proyecto de ley que amplía el Ingreso Familiar de Emergencia para que podamos tener muchos más recursos dedicados a las familias más vulnerables de nuestro país en los próximos meses, dado que esta pandemia lamentablemente se extiende por más tiempo que el que teníamos inicialmente proyectado”.

La iniciativa aumenta el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia de $65.000 a hasta $100.000 por persona, en caso de no contar con ningún ingreso formal. De esta manera, el ingreso de una familia de cuatro personas aumentará de $260.000 a $400.000.

En caso que la familia tenga ingresos formales, el beneficio será lo que le falte para alcanzar el umbral de $100.000.

El monto máximo de complemento se mantendrá constante durante junio y julio y su aplicación posterior dependerá de las condiciones económicas y sanitarias.

Además, se aumenta la cobertura, llegando hasta el 80% de mayor vulnerabilidad en el corto plazo, mientras antes se llegaba al 60%. De esta manera, se aumenta el número de beneficiarios a más de 2,1 millones de familias y más de 5,6 millones de personas.

La ley agrega un cuarto mes de pago, que será de 80% del ingreso y podrá subir al 100% en caso que las condiciones sanitarias así lo ameriten.

El monto del beneficio a cada familia nunca será revisado a la baja: una vez que una familia reciba el beneficio, su monto se mantendrá estable por todo el tiempo que dure el aporte, y sólo será revisado al alza en caso su situación socioeconómica empeore.

La iniciativa forma parte de la red de protección social disputa por el Gobierno para proteger a 10 millones de personas vulnerables y de clase media afectadas económicamente por la crisis sanitaria del Covid-19.